Ubi societas, ibi ius*

Robo de identidad, delito informático

Jorge Luis Serrano Texta

   Es tan violenta nuestra sociedad actual, que hay delitos a los que muy poca atención ponemos, por ejemplo al delito de robo de identidad, el que aparece rezagado en el entramado penal – quizás por abulia legislativa que impide adecuarlo a la realidad – pues la conducta antijurídica es novedosa y difícil de tipificar, a pesar del gran impacto que causa al patrimonio de la víctima.

Es razonable, dado que la vida es un bien jurídico cardinal, y no sobra mencionar, la última Encuesta de Seguridad Pública Urbana (ENSU), sobre la percepción de inseguridad de la población elaborada por el INEGI, medición que arroja un 71.9 por ciento, entre septiembre de 2015 y septiembre de 2016.

Frente al espasmo cotidiano y de lo que surge del actuar de la delincuencia organizada, el porcentaje negativo es devastador.

En estos días, ha llamado la atención de los especialistas en derechos reales, sobre todo de los notarios, la facilidad con que los delincuentes se han apropiado de la identidad de personas que sufren un verdadero calvario, ya no tanto para recuperar lo que les ha sido sustraído, sino, por los delitos a los que se ven enfrentados después de un gran número de fraudes que se cometen a nombre de la víctima.

Parece una ingenuidad las recomendaciones que hacen las instituciones financieras. Si bien toda propuesta encaminada a abatir este delito es loable, la agrupación fedataria, propone la emisión de un documento de identidad nacional. Más burocracia para combatir algo que ya está en las calles y a la orden del día.

El problema es que los bancos y los intermediarios financieros, han considerado al consumidor como un número más, y poco interés tienen en apoyarlo cuando se da este tipo de fraude. Que el usuario espere, y la institución hará en tanto lo que pueda, pero sin ningún compromiso, formal ni moral.

El robo de identidad, forma parte de los delitos informáticos, sin embargo, sólo en seis entidades federativas existe normatividad punitiva. Por lo que hace al Código Penal Federal sustantivo, para estas conductas criminales de alto nivel técnico, en su capítulo II, dista mucho de ser una fuente real del Derecho, porque es notorio que ha sido rebasado por la sofisticación de las herramientas que utilizan los criminales cibernéticos.

El escepticismo del justiciable ante el Poder Judicial es evidente pese a que en México no existe una cultura de la legalidad. Prueba de ello son los casos de estafa en el sector de venta de autos, en lo que va del año, sólo dos víctimas aceptaron denunciar el delito contra su persona y patrimonio. El número de denuncias es irrisorio. Sin embargo, lo anterior delata la poca efectividad de la autoridad judicial con relación a este injusto penal.

De acuerdo a las declaraciones de José Antonio Sosa, secretario del Consejo del Colegio de Notarios del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) – por supuesto que el fenómeno acusa una gran preocupación – el mecanismo propuesto de identidad nacional, se debe a que el INE sólo cuenta con una llave endeble para asegurar la identidad de la persona, ahora se plantea un gasto enorme para el documento de identidad nacional, en lugar de adecuar el orden jurídico.

El problema es muy claro, existe un manejo de una base de datos que se vende al mejor postor, y aun con la amplia legislación que protege los datos personales, ha sido muy fácil correr esos registros que abundan en cualquier ordenador, sobre todo, en las empresas fantasmas que se dedican al phishing.

Bueno, dicho planteamiento va desde el documento de identidad nacional, hasta la segura corroboración de los datos personales por quienes se meten hasta la cocina de múltiples registros oficiales.

Según el experto en informática criminal, Andrés Velázquez, la delincuencia ha rebasado los controles, incluso los que han creado los expertos con el fin evitar este tipo de fraudes.

 

Quizá el desaliento, de las instituciones y algunas empresas privadas, provenga del alto costo a erogar para obtener los medios de prueba que abran la posibilidad de castigar estas conductas.

Es el caso de la empresa Mattica, bajo la responsabilidad de forenses digitales – tal vez la única en México –, cuyos servicios son muy caros, y en este sentido las instituciones encargadas de proveer asesoría a las víctimas, adolecen de la preparación especializada en materia cibernética que esta empresas privada despliega frente a la inseguridad.

Los esfuerzos cotidianos han rendido buenos frutos. Se han establecido nuevos controles para lograr abatir en cierta medida la actuación delincuencial. Falta mucho por hacer y la delincuencia lleva la delantera.

*Aforismo latino que significa, donde hay sociedad hay derecho.

 

 

 

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