El desafío de vender la justicia

Jorge Luis Serrano Texta

 

Decir que la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación el 31 de diciembre de 1994, no causó desencanto, escándalo y escozor en los miembros que lo integraban en ese entonces, es como asumir que la nueva composición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no ha dado los frutos esperados, surgidos de las promesas de cambio hechas en campaña, por el ex presidente Ernesto Zedillo.

Pero fue hasta 1999, con la reforma al artículo 100 de la Constitución cuando se creyó consolidado el esfuerzo, con las adecuaciones que confirieron nuevas atribuciones al Consejo de la Judicatura Federal, un órgano cuyos lastres – hibridez y burocracia –, a la fecha no ha podido sacudirse, pues independientemente de que debió haber quedado como una instancia técnica, la idea de una mayor vigilancia a uno de los tres poderes de la Unión, rozó en la conformación de una institución judicial paralela al máximo tribunal del país.

Uno se pregunta si era necesario tamaño mastodonte administrativo ahora que asoman serios problemas de interés público, como el desaseado procedimiento del concurso interno de oposición para la designación de juzgadores.

El cuestionamiento se genera después de leer la primera plana de la Crónica de hoy (6/3/18): “Hasta $450 mil, para plaza de juez federal”. Una estridente declaración, prima facie, en las voces de ex miembros del Poder Judicial,  que desvelan la trama para blindar el generoso pago, en los laberintos que habitan los “auxiliares”, que tienen la responsabilidad de guardar con hermetismo la prueba que ha sido filtrada.

El nivel de corrupción denunciado debería causar indignación y zozobra. Los testimonios dan detalle y pocas dudas subsisten.  La trama, involucra a cientos de personas de diversas áreas de ese órgano de coordinación. Es alarmante, porque un Instituto que fue creado promover la ética judicial, es una vergonzosa contradicción. Algo siempre está podrido en Dinamarca (Hamlet). ¿En manos de quiénes estamos respecto de la justicia?

Si bien la fuente de las que se sirvió el reportero Daniel Blancas Madrigal, para la elaboración de un buen trabajo de investigación en la que se denuncia la corrupción al interior del Consejo, corresponde a las entrevistas de académicos y ex miembros del Poder Judicial (del mismo Instituto de la Judicatura Federal), que fueron postulantes al examen de oposición, la recopilación de datos, que provienen de los archivos del órgano de control, responsable de la capacitación de los jueces, me parece que nos queda a deber algunos documentos que prueben de manera contundente el acto de corrupción.

Sin embargo, la decisión de anular del vigésimo octavo concurso de oposición, en el que se competía por 50 plazas disponibles es clara muestra de que se acepta una conducta ilícita que pretende ser discreta, la cual, pone en entredicho al Instituto.

Personal de al menos diez instancias del CJF, intervienen en uno u otro momento del procedimiento al examen para elegir jueces de distrito, por lo que es muy raro que en ningún tramo de ese recorrido, se haya descubierto  la venta de los reactivos: Cien de opción múltiple y 20 de preguntas abiertas.

“El reportaje es el género mayor del periodismo, el más completo de todos. En el reportaje caben las revelaciones noticiosas, la vivacidad de una o más entrevistas…” (Manual de periodismo, V. Leñero, C. Marín, Grijalbo), por eso me parece que el reportaje que el rotativo propone a través de tres entregas (6,7 y 8 de este y mes), no hay que restar mérito alguno, empero habrá que ir más a fondo, para elucidar una práctica que se lleva a cabo con libertad, desde el más alto nivel institucional.

Las revelaciones del ex juez Jorge Octavio Velázquez, sobre la ambición de conseguir una designación, considerando que los que participan en la promoción, gozan ya de un buen ingreso, justifican que es “porque ellos saben que vender la justicia los hará millonarios”.

“Son escasas las voces sin ataduras”, en el ámbito judicial federal, es lo que expresa a su vez Arturo Flores Albor, quien ha sido académico del Instituto de la Judicatura y ex juez federal.

De 452 impugnaciones contra el proceso para designar jueces, promovidas en  tres años, la SCJ ha resuelto 416. “Hay una mafia enquistada en el Consejo”, dice Sergio Méndez Silva, analista de la Fundación por la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.

Más allá de las sanciones mínimas como las inhabilitaciones, el objetivo del Consejo se nutre de buenas intenciones. Le falta mucho para corregirse a sí mismo. Es preocupante saber en quien descansa la interpretación del bien común. Vaya forma de vigilar.


*Aforismo latino que significa, donde hay sociedad hay derecho.

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