Debe ser la Constitución la que regule el actuar de la seguridad privada: Bartlett

Sen. Manuel Bartlett Díaz

Ciudad de México, 25 de abril de 2018.- Durante la discusión del dictamen por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y se expide la Ley General de Seguridad Privada. El senador Manuel Bartlett reconoció la necesidad de reglamentar la materia, sin embargo mencionó que su voto sería en contra porque este dictamen debe especificar que: “los extranjeros no pueden ser prestadores de los servicios de seguridad privada, todo ello en razón de las obligaciones gubernamentales, de seguridad y la soberanía de nuestro país”.

Bartlett Díaz reiteró: “el problema que hemos tenido, es la formación de un Estado policiaco-militar, y la presencia de agentes extranjeros en este país actuando con toda libertad”.

Agregó que la entrada de empresas extranjeras petroleras y de energía eléctrica requiere de una reforma al artículo constitucional respectivo porque si no estaríamos frente a las grandes transnacionales que podrían alegar inconstitucionalidad e imprecisión, “esas compañías van y penetran los países con sus propias policías se llaman “contractors” evidenció.

Mencionó que esto ocurre en todo el mundo, en África, en Asía. “Donde entran las transnacionales norteamericanas lo hacen con sus policías con sus armamentos. Los pequeños ejércitos privados que hay en este país están contribuyendo a la violencia, por eso debemos regularlo a nivel constitucional”.

En una intervención posterior Bartlett expuso que se trata de una ley antifederalista y antimunicipalista, la cual será inoperante debido a que las compañías alegarán que  carece de fundamento constitucional.

Además el legislador poblano, evidenció que el dictamen le concede facultad de investigación y espionaje a compañías privadas mediante la creación de un “banco de datos”, afirmó.

El coordinador de los senadores de PT Morena precisó los siguientes argumentos para razonar su voto en contra del dictamen:

Esta Ley no puede ser reglamentaria del artículo 21 de la Constitución Federal, puesto que dicho precepto solamente norma a la seguridad pública y no a la  seguridad privada.

Ni en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en ninguna Ley General o Federal se establece que la Seguridad Privada es coadyuvante o auxiliar de la Seguridad Pública; y las tesis aisladas que se mencionan en la iniciativa, no tienen fuerza obligatoria, porque no son jurisprudencias firmes.

En razón de lo expuesto, la seguridad privada evidentemente debe reglamentarse bajo un marco constitucional, que deberá establecerse mediante una reforma al Artículo 21 constitucional, que defina a la seguridad privada como una función coadyuvante y dependiente de la seguridad pública y de sus autoridades; y sobre esa base constitucional, sí se podrán reglamentar  dichas actividades de seguridad privada, mediante una ley general, donde se establezca que las empresas y las personas que prestan el servicio de seguridad privada, serán coadyuvantes de las instituciones de seguridad pública y dependerán de ella en la forma que la propia ley reglamentaria señale; cumpliendo  con todos los requisitos que son obligatorios para las Instituciones y los elementos de seguridad pública, como son:

requisitos de ingreso, control de confianza, capacitación y adiestramiento, requisitos de permanencia, sanciones, etc. Asimismo, se deberá establecer que  las empresas que prestan servicios de seguridad privada y que no cumplan con todos los requisitos ya señalados, serán acreedoras a sanciones administrativas e incluso penales.

Se debe señalar en la iniciativa, en una forma clara y contundente que los extranjeros no pueden ser prestadores de los servicios de seguridad privada, todo ello en razón de las obligaciones gubernamentales, de seguridad y la soberanía de nuestro país.

Asimismo, se debe establecer en la iniciativa que todas las personas (físicas y morales) instalaciones, armamento y demás, objetos, de los prestadores de servicios de seguridad privada, cuando así lo requiera la Autoridad Federal, estarán a su disposición y obedecerán sus directivas, en los casos que sea necesario.

En la iniciativa correspondiente no se señala el número de personas que ya están prestando servicios de seguridad privada, reglamentados de alguna manera, y que según diversas fuentes  son más de 500 mil elementos (10 veces más que toda la Marina Armada; más del doble del Ejército Mexicano; y más que todas las Policías Federales y Locales juntas), lo cual indica la enorme importancia de esta función,  que no puede estar al margen de una reglamentación estricta, en la cual el Estado mexicano a través de su gobierno, mantenga el monopolio primigenio de la función de brindar seguridad a los habitantes de este país; ya que estos verdaderos ejércitos privados, armados en ciertos casos; con acceso a sistemas de inteligencia y seguridad electrónica, control de bienes y efectivo, así como otros casos estratégicos, deben hallarse bajo un control eficiente y estricto del gobierno; ya que el ejemplo de las “policías comunitarias” que ha sido tan controvertido, explosivo y crítico, no debe repetirse.

A lo anterior, hay que agregar también el número de personas y de empresas que incluso ya están prestando servicios de esa naturaleza totalmente al margen de la Ley, y que pueden ser igualmente cientos de miles de personas, que asimismo han creado corporaciones y verdaderos ejércitos privados sin control alguno.

La función pública de seguridad, el armamento correspondiente y la trascendencia de una falta de control sobre este ámbito estratégico de la seguridad nacional, son más que evidentes, razón por la cual, es necesario realizar un estudio mucho más profundo sobre este tema, que es urgente y prioritario, pero que no debe resolverse de la manera en que se está planteando.

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