Donde se baila la huaxcaleca

Jorge Luis Serrano Texta

 

El delito de privación ilegal de la libertad, coloquialmente conocido como secuestro, en Chichiquila, Puebla, también tiene permiso colectivo.

La diferencia del hecho reprobable del domingo pasado, comparado con el célebre cuento La muerte tiene permiso, del maestro Edmundo Valadés, radica en que los pobladores de ese municipio fronterizo con el bello estado de Veracruz, no tuvieron que esperar la llegada de ningún delegado político o agrario para solicitar con rabia, su anuencia para secuestrar al alcalde Luis Alfonso Hernández Montiel, quien desde hace tiempo no ha rendido buenas cuentas respecto de diversas obras públicas que beneficiarían a la comunidad.

La omisión del edil, fue cobrada y condicionada de una manera surrealista, como para motivar a cualquier estudioso de los meandros sociológicos, en municipios que se encuentran a unos minutos de la civilización, que cuentan con transitables vías de comunicación para acercarse a las autoridades competentes, a las que podrían exigir de manera formal castigar la  incuria del presidente municipal  quien fue  retenido y luego privado de su libertad por más de diez horas, de acuerdo a la información que recogen los diarios locales.

En el lugar donde se baila la huaxcaleca en cualquier día soleado, brillan las calles adoquinadas que componen el primer cuadro, y el pueblo es atrapado por un círculo de cerros en su verdor. La iglesia de color amarillo vivo, resalta en la avenida principal. Los habitantes están contentos porque gozan su amplio mercado de estructura metálica, en su permanente y húmeda vendimia.

La conducta delictiva desplegada, representa al más amplio ejercicio de la autotutela en las comunidades que ya no creen en el estado de cosas normativas – menos en la autonomía constitucional – que deriva de un sistema jurídico. La Norma Fundante, los tiene definitivamente sin cuidado.

He mencionado el surrealismo, pues sólo en las obras de ficción que no han sido rebasadas por la realidad abundan esas anécdotas crueles por supuesto.      Basta realizar un mínimo recuento de cómo una expresión política a la que todos tenemos derecho según nuestra Constitución, degeneró en una conducta criminal y vergonzosa, pues es claro que en esos lugares los ejemplos de grupos delictivos ha permeado en una sociedad que dice estar cansada de injusticias, pero a la vez no ven que a ninguno de ellos les gustaría que cualquier persona al descubrir el ilícito – flagrante, pues se pidió un rescate –, arengara a otros ciudadanos para que a su vez, actuaran bajo la autotutela y sin respetar ninguna ley los lesionaran, o también los privaran de su libertad hasta la devolución del dinero recibido, lo que constituiría un cuento de nunca acabar.

Si la exigencia es el cumplimiento y entrega de obras que beneficien a los pobladores, hay cauces legales para exigir como mandantes sus derechos, pero cuando se vislumbra un beneficio obtenido de manera ilícita, aun con la promesa de que el dinero recibido se aplicará a las obras pendientes, el estatus es de ingobernabilidad. Lo asombroso fue que el edil – quizás de sus apretados ahorros – consiguió la cantidad de tres millones de pesos, como ¡un anticipo! y negoció su liberación.

Me viene a la memoria el debate en el que el candidato tricolor J. Antonio Meade, acusó a la ex jefa de la policía comunitaria de Olinalá Guerrero, Nestora Salgado, de haber exigido la cantidad de 5 mil pesos para liberar a una persona detenida fundando su acción en la Ley 701, que autoriza a la policía comunitaria, para realizar actividades de vigilancia y de policía y hasta la llamada reeducación.

El problema allí es que el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, tenía la consigna de eliminar políticamente a cualquier precio a la ahora candidata por Morena al Senado de la República. Me parece que se excedió el ex canciller ya que implica una amenaza a no reconocer el debido proceso, una institución de la que sí se ha abusado, no podemos negarlo, pues merced a una mala intervención de la policía de investigación, echa por tierra cualquier condena, aun cuando el órgano jurisdiccional haya resuelto la pena mediante pruebas irrefutables.

Sin embargo, el Poder Judicial es independiente y sus resoluciones respetadas, y no debe publicitarse que no tienen la razón, mucho menos cuando se aspira a regir los destinos de México y nuestra Carta Magna, es perfectamente clara en la división de poderes.

“Pues muchas gracias señor delegado, porque al presidente municipal ayer mismo lo matamos”. Fue el agradecimiento lapidario del campesino agraviado.

En el caso de Chichiquila, no estamos hablando del México profundo; es ya la piel viva de una sociedad que padece todas las calamidades, cuando un secretario de Gobierno mejor niega los hechos.


*Aforismo latino que significa, donde hay sociedad hay derecho.

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