Peña y gabinete revisan proceso entrega-recepción a AMLO

Benjamín Domínguez Olmos

* “Se habrá de realizar en los términos establecidos por la ley”
* Espera concretar 97% de sus 266 compromisos de campaña
* Carta abierta para lograr pacificación del país: Olga Sánchez
* Analizan amnistía; reducción de penas; legalización de drogas
* Cuauhtémoc Cárdenas, habla en favor de la paz en Nicaragua

 

A 4 meses y medio de concluir su mandato, el presidente Enrique Peña Nieto revisó, junto con su gabinete legal y ampliado, los lineamientos generales para el proceso de entrega-recepción de su administración al próximo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador, y se determinó que “habrá de realizarse en los términos establecidos por la ley”.

El encuentro del presidente Peña Nieto y el gabinete en pleno, que se desarrolló en privado, tuvo también como propósito evaluar, supervisar y dar seguimiento al avance de los compromisos de Gobierno, informó el vocero de la Presidencia de la República.

De acuerdo con los lineamientos generales para recibir al nuevo Presidente, firmados por Peña Nieto en julio de 2017, cada dependencia federal deberá entregar a su sucesor un reporte con 12 puntos clave: un paquete de reformas, leyes, reglamentos y demás normas aprobadas en su sexenio; desglose de programas, proyectos y estrategias; y recursos presupuestarios y financieros detallados por cada año.

Así como un informe de los recursos humanos, que comprenda la estructura básica y no básica, plantillas de personal de base y de confianza y eventuales, así como la relación de puestos de libre designación y los sujetos a la Ley del Servicio Profesional de Carrera.

Asimismo, un reporte de los recursos materiales, en el que se precisa la situación de los bienes muebles, inmuebles y tecnológicos al servicio de la dependencia o entidad.

Un listado de observaciones de auditorías que están en proceso; padrones de beneficiarios de programas gubernamentales; y recomendaciones que contribuyan a dar continuidad y consolidar programas, proyectos, servicios y funciones.

Acorde con la Secretaría de la Función Pública, todas las dependencias cuentan con una Comisión Interna de Transición de Entrega y un Coordinador Institucional Responsable, que es un subsecretario, oficial mayor o funcionario de ese nivel, quienes estarán supervisando los informes.

También se creó el Sistema de Entrega-Recepción y Rendición de Cuentas, donde desde abril pasado las áreas de la Administración Pública Federal ya inyectaron toda la información generada por el Gobierno desde el 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017.

El segundo paquete de documentos se incorporará a esa plataforma el 28 de septiembre y comprende del 1 de enero de 2018 al 30 de junio.

“La tercera etapa contiene información con cifras reales del 1 de julio al 31 de agosto de 2018 y estimadas del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2018”, indica el manual de entrega-recepción publicado por la SFP en junio pasado.

El Presidente Peña ha reiterado que busca que el proceso de transición sea eficiente y ordenado.

El 25 de junio, el Mandatario informó que de sus 266 compromisos de campaña, se han concretado 203.

En el encuentro de este martes con su gabinete, les pidió acelerar las acciones para cumplir con al menos el 97 por ciento de ellos, como prometió hace unos meses.

Comentarios a vuela pluma

Olga Sánchez Cordero, propuesta como titular de la Segob, expresó que AMLO le dio carta abierta para analizar lo necesario para la pacificación del país, incluyendo la legalización de las drogas. En su intervención en el Seminario sobre violencia y paz ¿Olvido, verdad o justicia?, realizado en el Colegio de México, contó que durante su reunión del sábado con el virtual presidente electo para hablar sobre el programa de austeridad, le dijo que se debería de abrir el debate a todos los temas. Refirió que es hora de que el gobierno deje de simular que no pasa nada y establecer una política de derechos humanos, pues dijo que quienes rechazan la propuesta de López Obrador para la pacificación del país, niegan que haya un conflicto. La exministra de la Suprema Corte afirmó que México está inmerso en un proceso de violencia, donde “el Estado ha sido incapaz de evitar dichas desapariciones, de buscar a las personas”. Y agregó, “quienes cuestionan la posibilidad de empezar a hablar de otra forma de combatir la violencia con no más violencia y de hablar de una justicia transicional, ponen en duda que nos encontramos en un conflicto, que necesitamos nuevas instituciones y sistemas para enfrentar esta realidad”. En su participación, precisó que “es hora desde el gobierno se deje de simular que no pasa nada y que hay una política de derechos humanos”, para señalar que no se puede negar que en los últimos 10 años el gobierno fue incapaz de parar la violencia. Por ello, dijo que “es crucial e inevitable comenzar a hablar de una justicia transicional”, de pensar en un plan nacional de reparaciones, de otorgar aministías y reducciones en las penas. Agregó que por ello, el gobierno de López Obrador ha propuesto crear comisiones de verdad para casos concretos y se analiza crear comisiones regionales o una nacional, las cuales dijo son un primer paso para transitar a la paz. Y acoto, “para evitar atomizar la discusión, es necesario pensar en un proyecto de ley que no sólo incluya las amnistías, sino también la posible reducción de penas, a las comisiones de investigación de la verdad y las comisiones de la verdad, así como la referencia al plan nacional de reparación integral; paralelamente, debe irse avanzando en la propuesta de la despenalización de las drogas y la política pública para la recuperación de espacios”… Organizaciones de la sociedad civil y activistas, encabezados por Cuauhtémoc Cárdenas, emitieron una declaración en favor de la paz en Nicaragua, en la que manifestaron preocupación por el “aumento de la represión” y las violaciones a los derechos humanos en ese país. A través de redes sociales, Cárdenas difundió una carta en la que recuerda que “desde el pasado mes de abril, Nicaragua vive una situación de confrontación política y social, que llega a tal grado de violencia y represión ya insostenible que hasta la segunda semana de julio ha cobrado la vida de casi 400 personas en todo el país”.  “Reconocemos que el conflicto tiene sus orígenes en la represión desencadenada contra la amplia pluralidad ciudadana movilizada para la defensa popular de los recursos naturales y la reforma a la seguridad social y su posterior exigencia de ampliar los márgenes democráticos, cese de la violencia y la justicia social”, señala el texto.


En fotografía de portada: Cuauhtémoc Cárdenas, Enrique Peña, Andrés M. López, Olga Sánchez

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