Lo que se ha quedado en el tintero

Jorge Luis Serrano Texta

 

Coaccionar, es un verbo transitivo cuyo significado es violentar, obligar a alguien a hacer una cosa, de acuerdo al Diccionario Porrúa de la Lengua Española, preparado por el maestro Antonio Raluy Poudevida. La carga de la expresión, si se tratara de la facultad que tiene el Estado para emplear la fuerza legítima – fundada y motivada –  que permite hacer exigible el derecho, no deja margen de duda, no así para interpretar la tesis abierta que ha venido sosteniendo el abogado Santiago Nieto Castillo, respecto del uso faccioso de la Procuraduría General de la República por el gobierno actual, en los asuntos políticos que aunque pretendidamente agazapados, no alcanzaron para cambiar un ápice la decisión de las personas al votar por un cambio, frente a los evidentes actos de corrupción.

No parece lejano aquel momento político jurídico que marcó a una institución envilecida, sobre todo cuando el Ejecutivo federal al paso del tiempo, descubrió que sus aliados se habían excedido a los ojos de una sociedad indignada: los jóvenes gobernadores de una nueva época democrática anunciada, se habían comportado como cínicos delincuentes, desplegando conductas ilícitas en despoblado por el uso indebido del presupuesto público. Los que medio terminaron sus mandatos constitucionales tanto en Chihuahua como en Veracruz – donde recayó el enojo contenido de quien hasta ese momento ya nada podía hacer para ayudarlo –, son personajes que contribuyeron a publicitar el escarnio nacional.

Es como evocar el final del cuento emblemático de García Márquez, En este pueblo no hay ladrones. El ladrón nocturno arrepentido devuelve las bolas de billar sustraídas y es descubierto por el propietario del salón lúdico: “no te entrego a la autoridad por ladrón sino por pendejo”. Sin embargo, pese a los excesos, es equiparable la forma en que quisieron lavarse la cara, porque toda la argucia resultó endeble. Pero existe un incipiente Estado de derecho y en el camino que recorren los procesos penales, la generosidad de un sistema penal acusatorio ha beneficiado tanto al veracruzano como al vecino fronterizo de El Paso Texas que ni se despeina. En la PGR no se ve acusación en su contra. Es más, nunca quiso tener alguna responsabilidad pues tales eran las amables recomendaciones desde el centro del poder político.

No parece arcano tampoco aquel escrito en el que Santiago Nieto Castillo recurrió al tribunal de alzada – el Senado convertido en órgano jurisdiccional – para defender sus derechos, ya que el encargado de despacho de la PGR no tenía facultades para destituirlo como fiscal de la FEPADE, mucho menos cuando había certezas en las indagaciones fundadas y amplia información que apuntalarían la carpeta de investigación de un proceso en ciernes contra  Emilio Lozoya, ex director de Pemex, por su presunta participación en el caso de los sobornos de Odebrecht.  Ahí se vio la mano dura de un priismo anquilosado y oficioso para ocultar los malos manejos en el financiamiento de las campañas en tiempos electorales y en cuanto negocio fuera necesario a favor de un partido que tendrá mucho tiempo para reflexionar y reconstituirse.

Hace unos días el poder judicial emitió un auto de libertad exonerando de toda responsabilidad penal al señor Alejandro Gutiérrez, desatando el enojo de un gobernador que solo ha expresado buenos discursos y no alertó a su equipo jurídico para que aportara los elementos de prueba sobre peculado. Ahora tratan de explicar lo que a nivel federal se ha operado bajo formalidades procesales, que dieron como resultado el desenlace que otorga la tranquilidad al imputado.

Lo que se ha quedado en el tintero a Santiago Nieto, es un documento bien guardado en su memoria, el que irá desglosando a partir de su nombramiento como próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, una posición relevante en tiempos violentos, por lo que el bagaje argumental y los datos duros con los que cuenta sobre la corrupción imperante, le alcanzarán para escribir un tratado completo sobre el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Esta incursión permitirá “seguirle la pista al lavado de dinero y con ello combatir frontalmente a la corrupción” (La Razón 4/9/18), como lo explicó Carlos Urzúa, porque “será el responsable de seguir la pista al dinero del narco y su principal tarea será debilitar la estructura financiera del crimen”.

Quien tiene muy claro que “en los últimos seis años la PGR, ha sido usada para coaccionar a los opositores políticos, pero nunca ejerció su función de procuración de justicia”, ofrece la esperanza de que con la firme colaboración de todas las áreas del estado mexicano es posible que México, se aleje del lugar 138 de los países más corruptos.


*Aforismo latino que significa, donde hay sociedad hay derecho.

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